EU coloca a México en indicador de alerta por secuestro y rehenes

CIUDAD DE MÉXICO.- El incremento de secuestros y toma de rehenes pasa factura a México, que quedó incluido en un nuevo indicador emitido por Estados Unidos.
El Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero (OSAC, por sus siglas en inglés), del Departamento estadounidense de Estado, dio a conocer el pasado 9 de abril este nuevo indicador que anexa a su sistema de alerta o evaluación de viajes. Se trata del indicador K que se refiere específicamente a la “amenaza de secuestros y/o toma de rehenes”.
El indicador K, señala el consejo, “se unirá a indicadores de importantes temas de seguridad como terrorismo (“T”), y crimen (“C”) en las alertas de viajes para 35 países donde el secuestro y la toma de rehenes representan una preocupación en materia de seguridad”.
Se resalta que “al agregar el indicador K a los indicadores actuales de riesgos, el Departamento de Estado busca ayudar a mejorar el entendimiento público de los riesgos de viajar [a esos países], y garantizar que la información clave sobre la situación de secuestros y toma de rehenes sea una parte importante en la toma de decisiones sobre la seguridad de viajar”.
Así, México se ubica en una lista integrada por: Afganistán, Argelia, Angola, Bangladesh, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Colombia, República Democrática del Congo, Etiopía, Filipinas, Haití, Irán, Irak, Kenia, Líbano, Libia, Malasia, Mali, Níger, Nigeria, Paquistán, Papúa Nueva Guinea, Rusia, Siria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania, Uganda, Venezuela y Yemen.
El OSAC recuerda que las alertas de viaje de la mayoría de estos países ya incluían el tema del riesgo de secuestro, y que la anexión del indicador K “simplemente eleva la relevancia de este riesgo”.
El indicador será añadido, concluye el consejo, en aquellos lugares donde “individuos o grupos criminales o terroristas han amenazado con o han incautado o detenido o amenazado con matar, o lesionar, o seguir deteniendo a personas para obligar a una tercera parte (incluyendo una organización gubernamental) a hacer o abstenerse de hacer algo como condición para liberar a dichas personas”.